Un teatro de operaciones políticas y judiciales

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, irá a juicio oral. El vicepresidente, Amado Boudou, será investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su cargo. Puede parecer un empate, pero no lo es. El referí no es imparcial y el líder de Pro, sobre quien pesa una acusación bastante endeble, pierde por goleada.

Durante los últimos dos meses, cuando la economía comenzaba a flaquear, el Gobierno salió a jugar muy duro: Boudou fue autorizado para protegerse a sí mismo, aun cuando ello implicase arrojar por la borda al procurador Esteban Righi, al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, que ayer finalmente fue reemplazado por su colega Jorge Di Lello.

La presidenta Cristina Kirchner también ratificó que Hugo Moyano y Daniel Scioli seguirán siendo adversarios irreconciliables en la CGT y en la provincia.

Pero Macri se llevó los ataques más sistemáticos: el Gobierno lo acusó de no gestionar los subtes; le fogoneó conflictos gremiales con los metrodelegados; le transfirió 33 líneas de colectivos; lo intimó a pagar más precio por depositar la basura en Buenos Aires -una forma de la Presidenta de enfrentar a Macri con Scioli y, según Macri, de ahogar a la Ciudad- y, ayer, el juez federal Norberto Oyarbide, el más funcional al kirchnerismo, decidió elevar a juicio oral la causa de las escuchas telefónicas.

Oyarbide siempre prestó servicios políticos al Gobierno. Fue quien sobreseyó, sin investigar, al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. Pero apenas seis meses después apretó el acelerador contra Macri, lo procesó por pinchar el teléfono de su cuñado -la única acusación que lo vincula con las pinchaduras que otras personas habrían hecho de otros siete teléfonos- y la Cámara Federal confirmó el fallo.

Todo eso ocurrió en 2010, pero en las últimas horas Oyarbide levantó otras dos cortinas de humo que pretenden disimular las operaciones que intentaba hacer el Gobierno para beneficiar a Boudou: detuvo a los hermanos Schoklender y elevó a Macri al banquillo de los acusados de un juicio que no se hará antes de fines de 2013. No importa este detalle temporal, el objetivo de golpear mediáticamente fue logrado.

En contraste, las sospechas que pesan sobre Boudou son por lejos más graves: el vice está sospechado de estar detrás de la una sociedad anónima que se dedicará a imprimir el dinero argentino y, también, de haberse enriquecido. Pero nadie del oficialismo le pide explicaciones.

Hace dos meses, Boudou recibió la autorización y realizó una jugada política -áspera y desembozada- que le permitió desplazar del caso Ciccone al juez Rafecas. Anteayer, el fiscal Jorge Di Lello hizo una denuncia contra Boudou por enriquecimiento ilícito. Y, ayer, el juez federal Lijo utilizó esta denuncia para acumular sobre ese expediente el caso Ciccone: asi justificó el desplazamiento de Rívolo -que aceptó sin protestar- y lo reemplazó por Di Lello, que trabajará en las dos causas y, casualmente, también en la de Macri.

Lijo ejecutó una decisión judicial sofisticada, que llevó a cabo la aspiración de Boudou de desplazar a Rívolo. Habrá que ver, ahora, si esta medida traba ambos casos o, si por el contrario, las medidas de prueba rinden su fruto.

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